Rechazan homologación de acuerdo

La semana pasada, la jueza titular del Juzgado Federal en la Seguridad Social No 5, dictó sentencia rechazando la homologación de un acuerdo celebrado entre un jubilado y la ANSeS, bajo la ley de Reparación Histórica. En el caso, el jubilado había iniciado juicio y tenía sentencia favorable desde el año 2016, que no había sido abonada por ANSeS.

En lugar de iniciar la ejecución de la sentencia, el jubilado optó por aceptar la propuesta de ANSeS. La jueza rechazó su homologación, esgrimiendo que teniendo presente que las cláusulas acordadas introducen modificaciones en los índices fijados en la sentencia recaída en losautos principales para el ajuste de la prestación previsional, cabe recordar que la Corte Suprema ha descalificado un pronunciamiento en el que se avaló el método utilizado por el organismo previsional para liquidar una sentencia, al verificar que éste se apartó de lo resuelto   anteriormente   e   introdujo   así   una   modificación   en   el   derecho del titular, vulnerando la garantía consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional…”

Cabe destacar que, cuando el jubilado tiene sentencia firme, ANSeS debe abonar la misma AL CONTADO. En cambio, en las propuestas de Reparación Histórica, se modifica el índice aplicable, por lo que su monto es menor y se ABONA EN 12 CUOTAS TRIMESTRALES. Por este motivo, todos los expertos en derecho previsional recomiendan que el jubilado que tiene sentencia firme no tiene que aceptar el acuerdo.

El expediente en el cual fue dictado el fallo se caratula “Farías, Ramón c/ ANSeS s/ Incidente”. A continuación, lo copiamos en forma completa:

 

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5

18520/2008

Incidente   Nº   1   -   ACTOR:   FARIAS   RAMON   DEMANDADO:

ANSES s/INCIDENTE

Buenos Aires, 04 de mayo de 2017.

 

SENTENCIA DEFINITIVA

VISTOS  Y CONSIDERANDO

:

I.- Que, en las actuaciones principales, ha mediado un pronunciamiento definitivo

que ha resuelto la controversia existente entre las partes con fuerza de verdad legal;

decisión   que   cuenta   con   la   autoridad   de   la   cosa   juzgada,   en   tanto   se   verifica   el agotamiento de los recursos que confiere el ordenamiento procesal para obtener la modificación de lo resuelto.

Sobre los alcances del concepto de cosa juzgada, baste con recordar aquí las certeras consideraciones plasmadas por Eduardo J. Couture en su obra “Fundamentos del derecho procesal civil”. Allí, el jurista uruguayo la define como “...la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que  permitan modificarla...” y con relación a ésta eficacia, nos enseña que ésta se resume en tres posibilidades, a las que denomina inimpugabilidad, inmutabilidad y coercibilidad: “La cosa juzgada es inimpugnable, en cuanto la ley impide todo ataque ulterior tendiente a obtener la revisión de la misma materia: non bis in eadem. Si ese proceso se promoviera, puede ser detenido en su comienzo con la invocación de la propia cosa juzgada esgrimida como excepción. También es inmutable o inmodificable. Como se verá en el momento oportuno, esta inmodificabilidad no se refiere a la actitud que las partes puedan asumir frente a ella, ya que en materia de derecho privado siempre pueden las partes, de común acuerdo, modificar los términos de la cosa juzgada. La inmodificabilidad de la sentencia consiste en que, en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada. La coercibilidad consiste en la eventualidad de ejecución forzada. Tal como se expondrá en su momento, la coerción es una consecuencia de las sentencias de condena pasadas en cosa juzgada. Pero esa consecuencia no significa que toda sentencia se ejecute, sino que toda sentencia de condena es susceptible de ejecución si el acreedor la pide...” (ob. cit., tercera edición, 1958, Depalma, §§ 257 y 259).

II.- Que, mediante la promoción del presente incidente, las partes someten a homologación judicial el convenio transaccional que han suscripto de conformidad con los términos de la ley 27.260.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en un título denominado “Modos   anormales   de   terminación   del   proceso”,   delinea   la   actuación   del   órgano

jurisdiccional en su artículo 308, al disponer que “...las partes podrán hacer valer la

transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción del acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio”.

III.- Que el Código Civil y Comercial de la Nación define a la transacción en su artículo 1641 como “...un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas” y exige su presentación por escrito ante el juez si esta recae sobre derechos litigiosos, tal como lo prevé su artículo 1643. Sin embargo, a tenor de lo actuado en la causa principal, cabe concluir que la transacción que pretenden realizar las partes no recae sobre un objeto dudoso o litigioso, ni existen concesiones recíprocas de los contratantes. La atenta lectura de las cláusulas del  convenio   arrimado  lleva  a   concluir  que   las  partes,  luego   de  haber  incitado   la jurisdicción,  pretenden   sustituir  o   modificar   los   alcances   de   lo   decidido   según los términos que han acordado con posterioridad a la finalización del proceso judicial, el cual se ha extinguido por su vía natural.

En la especie, el actor cuenta con una sentencia firme mediante la cual se ha dado

finiquito al pleito y en la que, al haberse admitido su pretensión, se le ha reconocido la existencia y los alcances de su derecho, quedando así disipadas las dudas que dieron origen a la controversia.

IV.- Que la doctrina constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indica que la cosa juzgada judicial tiene jerarquía constitucional y no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la

estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior (Fallos 253:253; 259:289; en materia previsional: 311:495; 317:161; 317:992).

En una aplicación de la doctrina elaborada a partir de las leyes de emergencia en materia de vivienda el Máximo Tribunal, al resolver con relación a una norma que dispuso la suspensión de los desalojos frente a la existencia de una sentencia firme que ordenaba su ejecución -situación análoga a la que aquí se configura con el dictado de la ley de emergencia nº 27.260- señaló que “el derecho adquirido a obtener mediante la ejecución de una sentencia firme lo que ésta determina, no puede ser substancialmente alterado por una ley posterior, pues para que el acto judicial de la sentencia firme, es decir de aquella respecto a la cual están agotados los recursos que el régimen procesal establezca, consuma su misión propia que es afianzar la justicia discerniendo de modo concreto y particularizado lo propio de cada uno, tiene que ser, en lo esencial de él, intangible. Y como sin ese afianzamiento no hay orden público, la alteración de los derechos adquiridos que las leyes puedan llegar a disponer circunstancialmente para asegurar el bien común comprometido en la emergencia por desequilibrios económicos o sociales u otros motivos de análogo carácter extraordinario (Fallos: 204:195) no puede alcanzar a la inmutabilidad de la cosa juzgada porque no hay bienestar general posible fuera del orden” (Fallos 209:405).

Que, en éste orden de consideraciones y teniendo presente que las cláusulas acordadas introducen modificaciones en los índices fijados en la sentencia recaída en los autos principales para el ajuste de la prestación previsional, cabe recordar que la Corte Suprema ha descalificado un pronunciamiento en el que se avaló el método utilizado por el organismo previsional para liquidar una sentencia, al verificar que éste se apartó de lo resuelto   anteriormente   e   introdujo   así   una   modificación   en   el   derecho   del   titular, vulnerando la garantía consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional (P. 299. XXXIII. “Portela, Julio c/ Instituto Municipal de Previsión Social”, sentencia del 9 de noviembre de 2000, publicada en Fallos: 323:3664).

Ergo, deviene inconducente la pesquisa acerca de quien resulta beneficiado con las modificaciones introducidas en el acuerdo, sea el actor o el demandado.

V.- Que las consideraciones precedentes en modo alguno importan restringir la autonomía de la voluntad del jubilado, ni la competencia conferida por la ley 27.260 a la administración para celebrar ésta clase de convenios. Concretamente se objeta que, en éste caso, las partes requieran un nuevo pronunciamiento de la jurisdicción cuando ésta ya ha cumplido con su cometido.

En éste sentido, al haber revestido las partes el acuerdo arribado bajo el ropaje jurídico de una transacción, ésta magistrada no puede suponer la existencia de una

renuncia de derechos o remisión de la deuda por parte del actor, pues, a tenor de lo dispuesto por el artículo 948 del Código Civil y Comercial de la Nación, tales actos no se presumen y son de interpretación restrictiva.

VI.- Que, por efecto de la cosa juzgada, la parte cuenta con la posibilidad de hacer valer su crédito por la vía prevista por el Art. 499 y sigtes. del C.P.C.C.N.

VII.- Que, por las consideraciones precedentes y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 1647, inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde declarar la ineficacia de la pretendida transacción en la medida en que la misma “...versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme...”.

Por lo precedentemente expuesto, RESUELVO: 1) Rechazar la  homologación del convenio transaccional suscripto por las partes, en razón de su ineficacia (cf. Arts. 308 del C.P.C.C.N. y 1647, inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación); 2) Imponer las costas en el orden causado, atento la forma en que se resuelve. Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y oportunamente, archívense.-

ELVIRA MULEIRO

 JUEZA FEDERAL

   
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